El 16 de setiembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444, con el cual se modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a diversas recomendaciones realizadas por la OCDE en simplificación administrativa, aplicación de incentivos y fortalecimiento del OSCE y Perú Compras en las contrataciones públicas.

En cuanto a simplificación administrativa, una de las novedades sería la reducción de tramitología para la delegación de facultades que antes eran consideradas “indelegables” a funcionarios del nivel inmediato inferior, como podría ser la facultad de declarar la nulidad de la indebida Integración de las Bases, situación que ameritaría su tratamiento en el Reglamento de la Ley. Otra novedad con la cual no estamos a favor por afectar el carácter unitario de la contratación púbica, es con la exclusión de los regímenes especiales de contratación del ámbito de aplicación de la Ley y con que se permita mediante Decreto Supremo crear reglas especiales para la contratación de bienes, servicios y obras necesarias para la rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas por la ocurrencia de desastres, como el Fenómeno del Niño.

Respecto a la aplicación de incentivos, se ha incluido determinados impedimentos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, instaurándose nuevamente en el literal s) del artículo 11 la figura del “impedimento por contagio”, aspecto bastante discutible. Asimismo, en materia de conciliación y arbitraje, se faculta a las partes la posibilidad de someter sus conflictos a arbitrajes institucionales o ad hoc, pudiendo precisarse en el Reglamento o en una Directiva que el arbitraje ad hoc sea para procesos de menor envergadura o cuantía y los arbitrajes institucionales para proyectos de mediana y gran envergadura, por ejemplo.

Finalmente, en cuanto al fortalecimiento del OSCE y Perú Compras, se regula la capacidad del OSCE para supervisar todo tipo de contrataciones desde los actos preparatorios, durante el procedimiento de selección y hasta la etapa de ejecución contractual. Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por el MEF, en cuanto a los procedimientos administrativos sancionadores, los cuales duran en promedio 325 días, se busca reducir la duración de estos procedimientos en uno de carácter especial cuya duración máxima sea de 180 días. Asimismo, mediante Perú Compras, se fomentará el proceso de homologación, esperando reducir de 47 a 10 días los plazos para ello.

A partir de la fecha, la Cámara de Comercio de Lima, a través de la Comisión de Contrataciones del Estado, publicará todas las semanas diversos artículos de opinión con la finalidad de ayudar a nuestros asociados a proveerle al estado e incrementar sus ventas, y habilitará un correo y una línea telefónica para que puedan efectuar sus consultas sobre estos temas.

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